Pertenecemos a una generación que
ha crecido escuchando alabanzas a la Constitución de 1978 y a la llamada
Transición. Hemos escuchado en los medios y aprendido en la escuela que este
fue un proceso ejemplar, que nos ha dado todas las libertades de las que ahora
disfrutamos, y que el texto constitucional nos garantiza toda una serie de
derechos a lo largo de nuestras vidas. Y hay algunos que hasta lo creyeron durante
un tiempo.
Pero la juventud hace tiempo que
hemos despertado. Algunos de los derechos consagrados en el texto del 78, como
el derecho a la vivienda o el reparto justo de la riqueza, jamás se han puesto
en práctica y le restan mucha credibilidad. El toque de gracia se lo han dado
el PP y el PSOE cuando dejaron la Constitución en papel mojado con su reforma
exprés, que condiciona el gasto público al pago de la deuda ilegítima. Queda
claro que, 34 años después de la entrada en vigor del actual régimen, la
situación del país es desastrosa, con una situación de criminalización
sistemática, de condena al paro y a la precariedad de todas las personas
jóvenes. Con una fuerte represión gubernamental al alza y servicios públicos
esenciales como la sanidad y la educación a la baja, estamos atascados en una
situación difícilmente enmendable con el actual marco institucional que nos ha
llevado hasta aquí. Estamos hartos de políticas que siguen los dictados de la
Unión Europea y la banca. Necesitamos dotarnos de unas nuevas normas.
A día de hoy, la mayoría de la
ciudadanía no hemos votado la actual Constitución y ha quedado demostrado en la
calle que no nos identificamos con lo que emana de ella. Queremos decidir sobre
cosas como el modelo de estado, la política de recortes o si pagamos la deuda
ilegítima en un referéndum en el que podamos participar todas y todos sin las
limitaciones a los derechos ciudadanos que imponen las normas actuales.
Queremos el voto a los 16 y queremos el voto para todas las personas migradas,
sea cual sea su situación administrativa.
Hoy es una realidad, más necesaria
que nunca, superar la Constitución de 1978. Salta a la vista que votar cada
cuatro años es insuficiente y por ello reclamamos mayor participación
democrática. Queremos que nuestro dinero vaya a lo público, a lo que nos
pertenece a todas y todos, no a instituciones caducas como la monarquía o la
Iglesia Católica. Los movimientos sociales que vienen dándose en las calles y
en los que la juventud hemos tenido un papel protagonista demuestran que ya no
es ningún tabú la apuesta por un proceso de superación de este marco. Que las
normas que nuestros gobernantes han pisoteado, nunca fueron suficientes y
además ya no valen, han perdido toda legitimidad. Los beneficiarios del
régimen, los poderes financieros y sus representantes políticos del PP y el
PSOE, han decidido hacer caso omiso al clamor de la calle, pero no podrán
frenar a esta juventud que reclama su derecho a decidir sobre su futuro. Es
hora de acabar con el régimen.